CONSEJOS ÚTILES

La compraventa de ofertas de contrato es ilegal en España.

No pague nunca por un contrato de trabajo y denuncie a quien intente vendértelo. Busque a un empleador por los canales legales: Consulados , INEM , amigos, familiares, páginas de ofertas de empleo en internet, etc.

Cuando obtenga un puesto de trabajo.

Antes de iniciar los trámites, consulte a un profesional sobre la viabilidad del expediente. Ahorrará tiempo y dinero. Si el trámite lo realiza un abogado experto tendrá mayor garantía de que todo salga bien.

Su empresario tiene que tener toda la documentación en regla. Si existen deudas de impuestos o Seguridad Social en la empresa, el expediente será denegado.
Si tiene antecedentes penales en España o su país de origen, o prohibición de entrada en la Unión Europea, el expediente será denegado.

Los trámites pueden demorarse hasta 6 meses en algunas provincias (incluso más).
No olvide que para renovar su primer permiso deberá haber trabajado al menos 3 o 6 meses según cada caso.

Solicitud de Visado

Solicite su visado en el plazo de un mes desde la notificación de la resolución en España. Nunca deje pasar este plazo. Sin la resolución aprobando el permiso de trabajo no es posible solicitar visado de trabajo en el consulado.

Al pedir visado, aporta el certificado penal y médico debidamente legalizados (apostilla de la haya o legalización).

Próxima adhesión de Costa Rica al convenio de Apostilla de la Haya

Los documentos públicos extranjeros, como títulos profesionales o constancias, ya no deberán pasar por el requisito de consularización pues solo requerirán de un sello apostillado, cuando los diputados aprueben la adhesión de Costa Rica a la Convención sobre “La Apostilla”.

La Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior dictaminó de manera unánime la adhesión de Costa Rica a la Convención para la Eliminación del requisito de Legalización para los Documentos Públicos Extranjeros.

Este proyecto modifica el requisito de legalización de los documentos públicos extranjeros, mediante la introducción de un sello especial denominado "La Apostilla" .

Esta especie de timbre aplica para todos los documentos que deban ser llevados al extranjero, y será reconocido por cualquiera de los 97 países miembros de la convención.

En la actualidad, los documentos deben pasar por varias instituciones del país de origen para luego ser enviados al consulado de Costa Rica más cercano.

Con la aprobación de esta herramienta ahora solo se requiere su apostillado y ejecución por parte de un funcionario acreditado.

El presidente de la Comisión, el diputado Francisco Chacón, dijo que la convención resulta acorde con la normativa internacional que promueve la creación de mecanismos de facilitación y cooperación entre los Estados. “Se eliminan una serie de trámites que eran un calvario y un atraso para trámites en el extranjero”, agregó.

En 1961, La Haya de Derecho internacional Privado adoptó dicha convención que, 50 años después, Costa Rica se adhiere a este instrumento.

“Costa Rica se puso al día en esta materia. Con este paso modernizamos nuestro sistema judicial que en este campo estaba un poco atrasado”, comenta Chacón.

La Apostilla no se aplicaría con los documentos expedidos por agentes diplomáticos o consulares o los documentos administrativos que se refieran, directamente, a una operación mercantil o aduanera.

El proyecto dictaminado deberá pasar al Plenario para su aprobación en primer debate . Dado que se trata de un convenio internacional, tendrá que ir a consulta a la Sala Constitucional antes de recibir el segundo debate.

Fuente: www.elfinancierocr.com

Aprueban la apostilla de la Haya para favorecer a Peruanos en el exterior

Las comunidades peruanas que radican  en el exterior lograron un gran éxito, después de haberse aprobado la llamada Apostilla de La Haya, que es una acción administrativa dictada para evitar muchos trámites engorrosos y caros en documentos que se necesitan en el extranjero.

 

La Apostilla de la Haya es una anotación que la autoridad competente de cada país pone al margen de los documentos oficiales y da fe que ese documento es legal ya que  debe generar servicios o acciones en cualquier país del mundo que también sea firmante del Convenio, pues este reúne todos los efectos de autenticidad y garantiza su eficiencia administrativa.

 

Los documentos emitidos en un país del Convenio que hayan sido certificados por una apostilla deberán ser reconocidos en cualquier otro país que ejerza dicho Convenio sin necesidad de otro tipo de autenticación.

 

A casi todos los peruanos ha significado un calvario por el excesivo burocratismo  de las instancias de la Administración Pública o por la ambición desmedida por cautelar “ingresos marginales” de los funcionarios de Relaciones Exteriores o de casi toda la administración pública y nunca fue tomada o contemplada de buena voluntad en ningún programa político.

 

Cabe recordar, que esta gracia está vigente a nivel mundial desde 1961, pero el Perú ha esperado 49 años para aprobar este procedimiento que casi todos los países del mundo ya lo iban usando positivamente.

Fuente: www.peru.com

Editorial: Apoyo para los migrantes peruanos en Europa

La colonia peruana en Europa ha lanzado un nuevo llamado de auxilio que el Estado no puede dejar de atender. Se trata de contribuir a mejorar la calidad de vida de aproximadamente un millón 200 mil compatriotas que radican en España, Italia, Francia, entre otras naciones del Viejo Continente, en medio de múltiples problemas y penurias.

No es la primera vez que los migrantes, que salieron del país en busca de mejores condiciones de vida, piden que el Perú no se olvide de ellos. En este caso, sin embargo, resulta meritorio que se hayan agrupado y organizado en diversas federaciones y asociaciones, que no solo quieren sanear la situación legal de sus miembros, sino trabajar corporativamente para enfrentar cualquier tipo de práctica discriminatoria en perjuicio de ellos.

Es claro que el Estado Peruano no puede interferir en las políticas europeas sobre inmigración, en respeto a la autonomía inherente de cada gobierno. Sin embargo, sí podría interceder ante cada uno de ellos —o ante la Unión Europea— para solicitar un mejor trato a nuestros connacionales, frente a las frecuentes denuncias sobre prácticas ilegales, xenófobas y racistas, que en la mayoría de los casos no se difunden por temor a represalias. La situación de los latinoamericanos en el resto del mundo salió a relucir en la VI Cumbre América Latina y el Caribe-Unión Europea (ALC-UE), que se realizó en mayo pasado en Madrid (España). No obstante, recordemos también que allí solo se consiguió una declaración final que reveló una verdad de Perogrullo: que la inmigración ha sido positiva. Nada se dijo del trato discriminatorio que reciben los migrantes, pese a que ese problema fue destacado por varios de los presidentes asistentes a la cita.

Pero nuestros compatriotas tienen otras exigencias. Por ejemplo, el Gobierno Peruano podría poner el aparato estatal al servicio de aquellos inmigrantes que necesitan homologar sus títulos profesionales, un trámite que si bien ha mejorado aún es largo, engorroso y costoso. No se puede desconocer el avance que ha significado la adhesión del Perú al Convenio de la Apostilla de La Haya, instrumento internacional que permite facilitar la legalización de documentos públicos para utilizarlos aquí o en el extranjero. Sin embargo, ahora hay que aplicarlo plenamente, por ejemplo en España, que mantiene con el Perú acuerdos de doble nacionalidad y donde radican 300 mil peruanos.

Otra demanda radica en la postergada creación de una circunscripción electoral en distrito universal de peruanos en el exterior, un tema que el Congreso no ha querido aprobar. Igualmente, resulta atendible la propuesta de realizar campañas de imagen y de defensa de los derechos de los migrantes, tarea que bien podrían solventar entidades como Prom-Perú.

Como comprobó El Comercio, en la audiencia pública que realizó en Madrid el año pasado, los peruanos que viven en Europa reclaman mayor atención por parte del Gobierno, incluso a través de un ministerio de migraciones. Lo cierto es que en un mundo globalizado, donde la comunicación ha contribuido a la desaparición de las fronteras, el acercamiento con nuestros connacionales es urgente. El Estado tiene que comprometerse con su inserción plena en aquellos países que los acogen, dentro del marco legal nacional e internacional.

Fuente: elcomercio.pe

¿QUÉ ES UNA APOSTILLA?

La apostilla de La Haya (o simplemente apostilla) es un método simplificado de legalización de documentos a efectos de verificar su autenticidad en el ámbito internacional.
Físicamente consiste en una hoja que se agrega a los documentos que la autoridad competente estampa sobre una copia del documento público.

Sirve para que un documento nacional sea reconocido en un país extranjero.
En principio, se reconoce en aquellos países que hayan firmado un tratado internacional, conocido como la Convención de la Haya, para disminuir así los trámites necesarios para el reconocimiento de estos en países diferentes al que fue emitido.

Actualmente existen 92 miembros de la Convención de la Apostilla: Albania, Alemania, Andorra, Antigua y Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bahamas, Barbados, Bielorrusia, Bélgica, Belice, Bosnia-Herzegovina, Botswana, Brunéi, Bulgaria, China, Colombia, Islas Cook, Corea del Sur, Chile, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Dominica, Republica Dominicana, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Fiji, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Granada, Honduras, Hungría, India, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Kazakstán, Lesotho, Letonia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malawi, Malta, Islas Marshall, Mauricio, México, Moldova, Mónaco, Montenegro, Namibia, Nueva Zelanda, Niue, Noruega, Países Bajos, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania, Federación Rusa, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Samoa, San Marino, Serbia, Sudáfrica, Surinam, Swazilandia, Suecia, Suiza, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Tonga, Trinidad y Tobago, Turquía, Ucrania y Venezuela.